Una nueva arista del escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revela que el monto comprometido en presuntas irregularidades superaría el billón de pesos, muy por encima de las cifras que hasta ahora han sido expuestas por los entes de control.
La investigación periodística realizada por el periodista Juan Pablo Calvás de Caracol Radio señala que, entre 2023 y 2024, se firmaron 25 contratos de obra por más de 1,05 billones de pesos a través de la Fiduprevisora, bajo un esquema repetitivo: tres proponentes invitados, un solo oferente real y adjudicaciones sin competencia efectiva.
En todos los casos, se giraban anticipos del 20 % tras la firma.
Aunque estos contratos no han sido ampliamente discutidos en escenarios judiciales, los documentos evidencian un patrón sistemático en la contratación de obras para mitigación de riesgos, como intervención de ríos, construcción de puentes y control de inundaciones.
El foco en Itagüí: una calamidad cuestionada
Uno de los casos más llamativos se registró en Itagüí, Antioquia. Allí, en noviembre de 2023, se adjudicó un contrato por 27.352 millones de pesos para intervenir zonas de la vereda La María y la quebrada Doña María, bajo el argumento de prevenir movimientos en masa.
Sin embargo, la base de esa contratación —la declaratoria de calamidad pública firmada el 25 de abril de 2023 por el entonces alcalde José Fernando Escobar— ha sido seriamente cuestionada.
Funcionarios clave del municipio, como el director de Servicios Públicos, el comandante de Bomberos y la gerente del hospital, no respaldaron la decisión.
Uno de ellos fue contundente: se negó a firmar al considerar que no existía una emergencia real. Según su criterio, las zonas intervenidas correspondían más a obras de pavimentación que a acciones urgentes de gestión del riesgo.
Este episodio pone en evidencia cómo la declaratoria de urgencias habría sido utilizada como puerta de entrada para activar procesos contractuales sin los controles habituales.
Red de poder y antecedentes
El caso de Itagüí también conecta con figuras políticas relevantes. El entonces alcalde hace parte del círculo cercano del senador Carlos Andrés Trujillo, quien en el pasado tuvo vínculos administrativos con Olmedo López, señalado como uno de los principales articuladores del esquema.
Las investigaciones también apuntan a la Fiduprevisora como un eslabón clave, donde firmas de altos funcionarios avalaron los contratos que hoy están bajo cuestionamiento.
Un esquema que trasciende gobiernos
Otro de los hallazgos relevantes es que este modelo de contratación no sería exclusivo del periodo reciente. Existen registros de procesos similares desde 2022, lo que sugiere que el problema podría responder a un sistema más amplio y persistente, más allá de un solo gobierno.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Itagüí se convierte en un ejemplo emblemático de cómo una declaratoria de emergencia, cuestionada desde su origen, pudo dar paso a millonarios contratos en medio de un esquema que hoy está en el centro del escándalo nacional.
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