El presidente Gustavo Petro reactivó la polémica sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que contrasta con uno de sus compromisos de campaña en 2018, cuando aseguró que no impulsaría ese mecanismo.
Hoy, desde su cuenta en X, el mandatario no solo promueve la recolección de firmas, sino que también invitó a sus seguidores a aportar recursos económicos a un comité que lidera la propuesta.
En el mensaje, Petro divulgó una cuenta bancaria para recibir donaciones de hasta diez millones de pesos, argumentando que se trata de una “cuenta legal” del comité promotor.
En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.
Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026
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Para algunos analistas esta estrategia busca blindar la iniciativa de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y medir el respaldo ciudadano real.
El impulso a la Constituyente llega en un momento políticamente sensible: a pocas semanas de la primera vuelta presidencial.
En ese contexto, también genera ruido la postura del senador Iván Cepeda, cercano al oficialismo y señalado como posible continuador del proyecto político del Gobierno.
Aunque su campaña ha evitado pronunciarse de forma directa, en eventos públicos se ha evidenciado la recolección de firmas para apoyar la iniciativa.
Cepeda, en recientes declaraciones, mantuvo una posición ambigua: no descartó la Constituyente, pero tampoco la asumió como bandera.
Según explicó, esta podría ser el resultado de un eventual “acuerdo nacional”, evitando así un choque frontal con Petro en medio de la contienda electoral.
La propuesta del Gobierno, formalizada como iniciativa popular desde finales de 2025, busca transformar aspectos clave del Estado: desde el modelo económico hasta la autonomía del Banco de la República.
El argumento central es la existencia de un supuesto “bloqueo institucional” que, según el Ejecutivo, ha frenado reformas y debilitado la garantía de derechos.
