Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá reconfigura la interpretación judicial sobre los hechos violentos ocurridos durante el llamado estallido social en la capital.
La Sala de Decisión Penal concluyó que los ataques contra la ciudad no respondieron a un fenómeno espontáneo de inconformidad ciudadana, sino a una acción organizada entre estructuras urbanas y grupos armados ilegales.
La providencia, con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, determinó que varios jóvenes procesados mantuvieron contacto permanente con integrantes del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc y actuaron bajo orientaciones directas.
Según la investigación judicial, los implicados habrían recibido instrucciones para reclutar personas, adoctrinar jóvenes e infiltrar universidades públicas y privadas con el fin de ejecutar acciones violentas de manera simultánea.
El fallo sostiene que existió un mando unificado para atacar a la Fuerza Pública y al sistema de transporte masivo TransMilenio.
Para el Tribunal, estos hechos desbordaron el derecho a la protesta y se enmarcaron en una estrategia de violencia urbana que, según el expediente, contó con respaldo de cabecillas de las disidencias como alias Mordisco y alias Gentil Duarte.
La sentencia también detalla que la coordinación se realizaba mediante grupos de WhatsApp identificados con corredores estratégicos de Bogotá, entre ellos Américas, Carrera Séptima, Autonorte, Autosur y Caracas.
A través de esos canales, de acuerdo con el documento, se promovieron conductas como quema y hurto de buses zonales, bloqueos viales, choques de alimentadores y saqueos a supermercados.
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