El Ministerio de Trabajo, a través de la Viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz, dio a conocer este lunes los resultados de una inspección masiva a 263 tiendas D1 y seis centros de distribución de la cadena, revelando múltiples irregularidades que afectan directamente la salud, el bienestar y los derechos laborales de sus trabajadores.
Durante las visitas, realizadas entre el 3 de junio y el 13 de julio, los inspectores identificaron prácticas laborales que contravienen la normatividad vigente, entre las que se destacan jornadas de ocho horas con tan solo 30 minutos de descanso, sin una hora formal de almuerzo, y la omisión sistemática del pago y registro de horas extras.
También se denunciaron sobrecargas laborales, acoso, accidentes no reportados y persecución a líderes sindicales, así como el incumplimiento de acuerdos colectivos.
“Hay demasiada sobrecarga física en los trabajadores, especialmente en tareas de carga y descarga de camiones que abastecen las tiendas. Además, en muchos casos no existen contratos físicos, lo que impide a los empleados conocer las condiciones de su vinculación. También encontramos ausencia de manuales de funciones”, detalló la Viceministra Muñoz.
En cuanto al personal de conducción, se reportaron jornadas superiores a 12 horas diarias sin el acompañamiento de un ayudante, lo que incrementa los riesgos físicos y de salud. A esto se suman prácticas como descuentos arbitrarios por pérdidas o descuadres en caja, que no se reflejan con claridad en las nóminas.
El informe también revela afectaciones graves en la salud de los empleados, como estrés, trastornos del sueño, dolores musculares y secuelas derivadas de accidentes laborales.
Las deficiencias en infraestructura no son menores: se hallaron bodegas de tamaño reducido, pasillos obstruidos, instalaciones eléctricas peligrosas, baños mixtos únicos por tienda y carencia de espacios adecuados para el descanso y la alimentación.
Acciones correctivas y plan de mejoramiento
Frente a este panorama, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la conformación de una mesa tripartita que incluirá representantes del Gobierno, de la empresa y de los trabajadores, con el fin de implementar un plan de mejoramiento urgente.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la intervención de la ARL por riesgos físicos y psicosociales, la revisión del modelo de contratación, la regulación de las jornadas extendidas y la dotación de elementos básicos como sillas para cajeros, así como la contratación de servicios de vigilancia y aseo.
“Estas condiciones no son aceptables y deben corregirse de manera inmediata. Nuestro compromiso es con la dignidad laboral y la seguridad de los trabajadores”, expresó el ministro Sanguino.
El Ministerio también señaló que continúan las investigaciones administrativas para determinar posibles sanciones contra la compañía, con base en lo hallado en los 263 establecimientos inspeccionados.
La respuesta de D1
La empresa D1, perteneciente al Grupo Valorem, holding controlado por la familia Santo Domingo, respondió mediante un comunicado oficial en el que señaló haber recibido más de 230 visitas del Ministerio de Trabajo durante el período de inspección, en las cuales se realizaron cerca de 400 entrevistas a empleados.
La compañía calificó el proceso como un ejercicio de control sin precedentes, al cual, aseguran, respondieron con total disposición y colaboración.
Sin embargo, enfatizaron que hasta la fecha no han sido notificados formalmente de cargos o sanciones, y que en caso de serlo, ejercerán los mecanismos legales para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
D1 reiteró su compromiso con el trabajo digno, el respeto a la jornada laboral legal, la salud ocupacional y el bienestar de sus empleados.
Asimismo, resaltaron sus programas de inclusión, formación a jóvenes en alianza con el SENA, promoción de la equidad de género y el mantenimiento de canales abiertos de comunicación con su personal.
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