La Procuraduría General de la Nación anunció el fortalecimiento de la vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación pública de las entidades nacionales con presencia territorial durante los últimos días del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida estará vigente hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que finaliza el actual periodo presidencial, y busca prevenir riesgos en el manejo de los recursos públicos durante el proceso de empalme con el nuevo Gobierno.
Las instrucciones fueron impartidas mediante el Memorando 012 del 24 de julio de 2026, firmado por el viceprocurador general, Julián Fernández, y deberán ser ejecutadas por los procuradores regionales, provinciales y distritales del país.
Revisarán legalidad y planeación de los contratos
Como parte del seguimiento, el Ministerio Público verificará que los contratos cumplan con los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, además de comprobar que respondan a necesidades previamente identificadas y estén incluidos en los planes anuales de adquisiciones de cada entidad.
También se revisará el régimen de contratación aplicado, las delegaciones otorgadas a funcionarios regionales y el cumplimiento de los manuales contractuales en las entidades con régimen especial.
Buscan proteger los recursos públicos durante el empalme
La Procuraduría explicó que el objetivo es garantizar la legalidad de la contratación estatal, proteger el patrimonio público y asegurar la continuidad de los servicios durante la transición entre administraciones.
El organismo aclaró que esta vigilancia tiene carácter preventivo y no implica la apertura de investigaciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados, aunque, si durante las revisiones se detectan posibles irregularidades, podrán iniciarse actuaciones disciplinarias independientes.
Los procuradores deberán consolidar los resultados de las revisiones realizadas entre el 24 de julio y el 7 de agosto, y remitir un informe a la Viceprocuraduría antes del 18 de agosto de 2026.

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