Gremios económicos como Fenalco Antioquia e Intergremial Antioquia han solicitado formalmente al gobernador Andrés Julián Rendón la eliminación de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Las entidades argumentan que este cobro representa una sobrecarga financiera excesiva para las mipymes y el sector productivo regional.
Asimismo, señalan que, dado que el Gobierno nacional asumirá recursos para la seguridad territorial, el tributo departamental pierde su justificación y debe ser desmontado para no poner en riesgo la competitividad ni el empleo en Antioquia.
¿En qué consiste la Tasa de Seguridad en Antioquia?
La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue implementada mediante la Ordenanza N° 50 de 2024 por la Gobernación.
Está proyectada para regir desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027.
El recaudo de este tributo tiene como propósito financiar la infraestructura de la Fuerza Pública, adquirir tecnología de vigilancia, dotar a policías y soldados, y adecuar escenarios deportivos enfocados en la convivencia.
¿Cómo se liquida, quiénes pagan y quiénes están exentos?
El valor del tributo se calcula con base en el consumo de energía (kWh), pero no se cobra en la factura ordinaria de servicios públicos (como EPM), sino que se genera mediante un cobro independiente.
Obligados al pago:
– Hogares pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6.
– Sectores comercial, industrial y oficial.
– En predios arrendados, el pago corresponde al usuario directo del servicio (inquilino).
Exentos del tributo:
– Residentes de estratos 1, 2 y 3.
– Predios que utilicen autogeneración con energía solar.
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