El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este viernes la inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior Armando Benedetti en la denominada “Lista Clinton”, oficialmente conocida como la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados.
La medida, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implica el bloqueo de todos los bienes y activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de establecer relaciones comerciales o financieras con ciudadanos o empresas de ese país.
Un golpe diplomático sin precedentes
Según el comunicado oficial emitido por la OFAC, la designación se realizó “de conformidad con las autoridades antinarcóticos y la Orden Ejecutiva 14059”, que permite sancionar a personas extranjeras implicadas en el tráfico ilícito de drogas a nivel global.
“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.
“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, añadió el funcionario.
La inclusión de un mandatario en ejercicio en esta lista representa una medida de extrema gravedad que podría tener consecuencias diplomáticas, políticas y económicas de gran alcance para Colombia.
Contexto: la Lista Clinton y su alcance
Creada en 1995 durante la administración de Bill Clinton, la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados busca aislar financieramente a personas o entidades vinculadas al narcotráfico.
La OFAC, bajo la autoridad del Departamento del Tesoro, puede congelar activos, suspender operaciones financieras y prohibir vínculos comerciales con los designados, sin requerir autorización del Congreso.
Las sanciones son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones financieras y empresas estadounidenses, y su violación puede acarrear multas millonarias o sanciones penales.
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