Este martes 20 de octubre se abre uno de los capítulos judiciales más determinantes dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el proceso y llamó a juicio a seis integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por el presunto delito de cohecho impropio.
Entre los procesados se encuentra el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado Ramírez, político con fuerte arraigo en el municipio de Envigado.
Junto a Peinado comparecerán los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
La hipótesis de la Fiscalía y las pruebas en marcha
La investigación se centra en hechos ocurridos a finales de 2023. La hipótesis del alto tribunal señala que los legisladores habrían condicionado sus votos y conceptos favorables en la Comisión de Crédito Público a cambio de promesas y direccionamiento de millonarios contratos estatales.
Entre las obras bajo la lupa investigativa destacan:
– Cotorra (Córdoba): Un proyecto vial y de infraestructura superior a los $46.000 millones, que habría salpicado directamente los intereses de Peinado, Manzur y Bitar.
– Proyectos regionales: Intervenciones en Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, presuntamente instrumentalizadas dentro del mismo esquema de canje de favores.
El expediente judicial cuenta con testimonios clave de exfuncionarios de la UNGRD y del Ministerio de Hacienda, además de chats, documentos técnicos y registros de trazabilidad presupuestal.
Testigos clave e interrogantes en el proceso
El juicio contará con citaciones de alto impacto político. Entre los convocados a declarar figura el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien integró la comisión de crédito en la anterior legislatura.
Asimismo, existe expectativa por la citación de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia señalado como enlace entre el Gobierno y el Congreso.
Ramírez, cercano al círculo de la alta funcionaria Laura Sarabia, es considerado una pieza clave para esclarecer cómo se articularon las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La Corte Suprema continuará fijando el calendario de audiencias durante las próximas semanas.
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