La Personería Distrital de Medellín advirtió sobre los desbordados niveles de hacinamiento en los centros de detención transitoria en la ciudad.
A la fecha, se encuentran 1.801 personas vinculadas a procesos judiciales a la espera de una sentencia.
«Resulta de urgencia, la construcción de la Cárcel Metropolitana, tal como fuera ordenado desde el 15 de octubre de 2019 por la Corte Suprema de Justicia, otorgando un plazo de 3 años al que se llegará sin que el proyecto se encuentre en funcionamiento. A su vez, aquellas pesonas con pena de prisión impuesta, tienen que sortear los trámites administrativos ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, que resulta una barrera para lograr el traslado efectivo a los diferentes establecimientos de reclusión» manifestó el ente de control en un comunicado.
Con corte al 25 de septiembre de 2022, los niveles de hacinamiento están entre el 500% y 800%. Los principales registros por parte de la Personería muestran que algunos centros tienen un porcentaje inclusive superior a este promedio, como es el caso de la Sijín, que posee una capacidad para albergar 20 personas privadas de la libertad y actualmente tiene 397 en sus instalaciones, lo que representa un nivel de sobrepoblación del 1.885%.
De igual manera, en el centro ubicado en la Comuna 1 Popular el hacinamiento es del 820%, con 92 privados de la libertad adicionales a su capacidad máxima. Otras estaciones con la misma problemática son: Belén con el 920% de hacinamiento, Manrique con el 800% de hacinamiento, Buenos Aires con el 740% de hacinamiento, Poblado con el 700% de hacinamiento, Doce de Octubre con el 567% de hacinamiento, San Javier con el 480% de hacinamiento, Laureles con el 403% de hacinamiento y Castilla con el 380% de hacinamiento.
Esta agencia del Ministerio Público hace un llamado a las entidades responsables a avanzar en el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte, entre ellas, la adquisión de inmuebles, mientras se logra concretar la construcción de la Cárcel Metropolitana.
A su vez, al Tribunal Superior de Medellín, para que garantice el cumplimiento de lo ordenado en la aludida sentencia. Ello, en garantía del restablecimiento de los derechos de la población privada de la libertad.
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