La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) identificó un presunto esquema de direccionamiento de contratos y restricción de la competencia entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques durante la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Según un informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, fechado el 2 de septiembre de 2026, las actuaciones estarían relacionadas con la contratación de bienes y servicios para el Parque Metropolitano de las Aguas.
La investigación analiza los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021, mediante los cuales el AMVA trasladó a Metroparques diferentes actividades que, posteriormente, habrían sido ejecutadas por terceros.
Metroparques habría cobrado comisión del 8 %
Uno de los principales cuestionamientos de la SIC está relacionado con que Metroparques habría actuado como intermediario en la contratación. La entidad habría cobrado una comisión del 8 % por la administración de los recursos, equivalente a cerca de $1.368 millones.
Para la Delegatura, esta intermediación no habría representado un valor agregado y, por el contrario, habría generado un costo adicional para los recursos públicos.
La SIC también identificó el presunto direccionamiento de al menos ocho invitaciones privadas hacia determinados contratistas, entre ellos Comercializadora JPino, 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.
SIC cuestionó un presunto sobrecosto
Entre los casos analizados está una contratación por $180 millones para trabajos de cerramiento perimetral. De acuerdo con el informe, Constru Americana posteriormente habría subcontratado la actividad por $135 millones.
La diferencia de $45 millones fue señalada por la SIC como un posible sobrecosto, que se habría sumado a la comisión cobrada por Metroparques.
Funcionarios aparecen mencionados
El informe señala, entre otros, a Álvaro Alonso Villada García, entonces subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA; María Eugenia Domínguez Castañeda, gerente general de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, jefe de Compras de la entidad, y Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, secretario general.
La SIC atribuye a algunos de ellos participación en la estructuración, selección y validación de contratistas dentro de los procesos cuestionados.
Investigación podría llegar a la Fiscalía
La investigación formal fue abierta por la SIC el 9 de marzo de 2026. Tras la práctica de pruebas y la audiencia de alegatos finales realizada en agosto, la Delegatura recomendó sanciones que podrían acercarse a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, la entidad recomendó trasladar sus conclusiones a organismos disciplinarios y a la Fiscalía General de la Nación.
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