Entre 2020 y 2025, el robo de servicios públicos en Medellín y el Valle de Aburrá generó pérdidas estimadas en $1,2 billones, impactando gravemente las finanzas de EPM y reduciendo las transferencias de recursos para la inversión social en la ciudad.
Durante un debate en el Concejo de Medellín, los cabildantes alertaron que la manipulación de medidores y las conexiones ilegales no responden solo a necesidades de comunidades vulnerables, sino a redes criminales estructuradas que comercializan ilegalmente agua, energía y gas en asentamientos informales.
Cifras clave del fraude de energía y agua en Medellín
– $404.000 millones en pérdidas no técnicas de energía y $313.000 millones en agua acumulados a diciembre de 2025.
– 14 hoteles en sectores como Laureles, Belén y el Centro son investigados por presunta manipulación de medidores durante 12 años.
– Pérdidas operativas e irregulares a agosto de 2026 (EPM): 34,53 % en agua, 8,45 % en energía y 3,40 % en gas.
– 48 asentamientos informales identificados con barreras urbanísticas, ambientales o jurídicas para la legalización del servicio (10 de atención prioritaria).
Golpes a las estructuras criminales
Frente a esta problemática, la Subsecretaría de Operatividad, en conjunto con EPM, la Policía y la Fiscalía, reportó los siguientes resultados a septiembre de 2026:
– 30 capturas por el delito de defraudación de fluidos.
– 42 inmuebles sometidos a procesos de extinción de dominio.
– 127 comparendos impuestos por uso indebido de fuentes hídricas.
Concejales de la ciudad enfatizaron la necesidad de diferenciar la delincuencia organizada de las familias vulnerables para avanzar en la formalización de redes, garantizar la sostenibilidad del sistema y proteger los recursos de Medellín.
