En una reciente audiencia ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logísticas S.A.S.
Los cargos incluyen peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, revela presuntas irregularidades en contratos suscritos entre agosto de 2020 y diciembre de 2022.
A través de un primer contrato interadministrativo, el Instituto para el Deporte y la Recreación (INDER) habría destinado más de 24 mil millones de pesos a Metroparques, con el propósito de financiar actividades recreativas y deportivas en diversas comunas de Medellín, Antioquia.
Las pesquisas evidencian una motivación falsa en los estudios previos para asignar a Metroparques la administración de los recursos. Posteriormente, mediante una invitación privada a tres contratistas, la empresa CYAN Eventos y Logísticas S.A.S. fue seleccionada para ejecutar el contrato. Este proceder, según la Fiscalía, habría transgredido los principios de objetividad y transparencia consagrados en la ley 80 de 1993.
En el desarrollo del contrato inicial, CYAN recibió más de 19 mil millones de pesos. Además, el 4 de noviembre de 2021, se suscribió un segundo contrato interadministrativo por un valor de $25.150.000.000, de los cuales más de 11 mil millones fueron entregados a CYAN, a pesar de que el primer contrato aún no se había completado. En total, la empresa recibió más de 30 mil millones de pesos.
Las indagaciones realizadas por la policía judicial sugieren que, durante la ejecución del primer contrato y sus adiciones, se habría generado un detrimento patrimonial superior a los 3 mil millones de pesos.
Cabe destacar que los imputados, Liévano Ospina y Jaramillo Botero, no se allanaron a los cargos presentados en su contra. Este no es el primer señalamiento para Liévano Ospina, quien ya enfrentaba imputaciones por presuntos actos de corrupción en la ejecución de un contrato anterior, valorado en 5 mil millones de pesos, destinado al mantenimiento de zonas verdes en Medellín.
El caso, que pone de manifiesto posibles prácticas irregulares en la gestión de recursos públicos, continuará su curso legal mientras la sociedad observa atentamente el desenlace de este escandaloso episodio de corrupción en la administración pública.
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