El Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para decretar una nueva emergencia económica ante el desfinanciamiento de las cuentas públicas y el fracaso de su más reciente reforma tributaria en el Congreso.
La decisión busca cerrar un faltante estimado en $16 billones del Presupuesto 2026, pero llega en un momento altamente sensible desde el punto de vista institucional.
La declaratoria coincidirá con la vacancia judicial de la Corte Constitucional, que se extiende del 20 de diciembre al 13 de enero de 2026, periodo en el que el alto tribunal no puede pronunciarse de fondo sobre los decretos expedidos bajo esta figura excepcional.
En la práctica, medidas de alto impacto económico podrían entrar en vigencia sin control inmediato.
Uno de los puntos más polémicos sería el eventual aumento del gravamen a los movimientos financieros del 4×1.000 al 5×1.000, además de otros tributos temporales para cubrir el hueco fiscal.
Analistas advierten que estas decisiones afectarían la liquidez, el consumo y la confianza económica, en un contexto de bajo crecimiento e incertidumbre.
Desde el Ministerio de Hacienda se defiende la emergencia como un mecanismo necesario para cumplir compromisos sociales y atender presiones presupuestales. No obstante, críticos sostienen que el Ejecutivo estaría recurriendo a decretos para imponer lo que no logró aprobar en el Congreso, debilitando el equilibrio de poderes.
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