La política de “paz total” del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus momentos más críticos. La Fiscalía confirmó que actualmente 84 criminales beneficiados con la suspensión de órdenes de captura están siendo buscados por las autoridades, tras incumplir los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo.
Según la Dirección de Justicia Transicional, entre agosto de 2022 y febrero de 2026 se solicitó congelar las capturas de 205 integrantes de estructuras armadas ilegales. Sin embargo, hoy cuatro de cada diez volvieron a delinquir o desaparecieron, lo que obligó a reactivar múltiples órdenes judiciales.
Beneficios que terminaron en incumplimientos
Los beneficiarios pertenecían principalmente a grupos como el ELN, disidencias de las Farc y bandas urbanas. Aunque 121 aún conservan el beneficio, el resto es objeto de operativos por reincidir en delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico.
Uno de los casos más graves se presenta con el ELN, donde el Gobierno ya pidió reactivar 33 órdenes de captura tras la escalada violenta en el Catatumbo, que dejó cientos de víctimas y desplazados.
En paralelo, las disidencias de las Farc —las más favorecidas con 81 suspensiones— aumentaron su fuerza casi al triple, pasando de poco más de 3.000 a más de 9.600 integrantes durante este Gobierno, según cifras oficiales.
Costos millonarios sin resultados claros
El proceso tampoco ha sido barato. En respuesta a un derecho de petición radicado por la revista Semana, más de 100.000 millones de pesos han sido invertidos en negociaciones, incluyendo transporte aéreo y honorarios.
Solo los diálogos con el ELN y las disidencias concentran decenas de miles de millones, sin que hasta ahora se logre el desarme efectivo de estas estructuras.
Además, los soportes detallados de estos gastos permanecen bajo reserva, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Bandas urbanas y expansión criminal
En ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó, donde también se otorgaron beneficios, las autoridades locales denuncian que las estructuras criminales siguen operando e incluso dando órdenes desde las mesas de negociación.
Expertos y exfuncionarios coinciden en que varios grupos utilizaron la suspensión de capturas para reorganizarse, expandirse y fortalecer economías ilegales.
Un futuro incierto
A pocos meses de finalizar el mandato, la “paz total” no ha logrado el desarme completo de ningún grupo armado. Por el contrario, sectores críticos advierten que la estrategia habría fortalecido a organizaciones ilegales, dejando en entredicho la seguridad nacional.
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