En medio del avance de las investigaciones contra las disidencias de las FARC, la Fiscalía General de la Nación encendió las alarmas tras revelar nuevos hallazgos provenientes del análisis forense de los computadores de alias Calarcá, uno de los cabecillas más relevantes de estas estructuras ilegales.
La información extraída no solo confirma denuncias previas, sino que profundiza en un escenario aún más delicado: la presunta infiltración sistemática en entidades del Estado colombiano, lo que habría permitido a estos grupos armados anticiparse a operativos clave y evadir acciones judiciales y militares.
Un acceso inquietante a información reservada
De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el material hallado evidencia que las disidencias habrían tenido acceso a datos altamente sensibles provenientes de la Fuerza Pública, organismos de inteligencia y entidades judiciales.
Entre los documentos y registros analizados se encontrarían referencias a operativos militares en curso, órdenes de captura en preparación e incluso movimientos internos dentro de la propia Fiscalía.
Este nivel de conocimiento habría sido determinante para que los cabecillas y sus redes lograran evadir cercos y frustrar múltiples operaciones en su contra.
Penetración en instituciones clave
Uno de los puntos más preocupantes del informe es el alcance de la infiltración. Según la investigación, las filtraciones no serían hechos aislados, sino parte de un patrón que comprometería a varias instituciones del Estado.
Entre las entidades mencionadas figuran el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otras dependencias estratégicas. Para la Fiscalía, esto configura un nivel de penetración “grave”, que no solo pone en riesgo operaciones específicas, sino la integridad misma del aparato de seguridad del Estado.
Funcionarios bajo la lupa
Las autoridades confirmaron que continúan abiertas varias líneas de investigación para identificar a los responsables de estas filtraciones. En particular, el foco está puesto en al menos dos personas, una de ellas vinculada a la DNI y con cercanía a sectores del Gobierno.
Estos posibles vínculos internos refuerzan la hipótesis de que la información no solo fue obtenida de manera externa, sino facilitada desde dentro de las instituciones, lo que agrava el panorama y plantea serios cuestionamientos sobre los controles de seguridad y contrainteligencia.
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