El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, interpuso una acción de tutela contra el Decreto 1469, mediante el cual el Gobierno Nacional reglamentó un aumento del 23 % en el salario mínimo legal vigente.
La acción fue presentada en calidad de apoderado judicial del comerciante Alexander Donato Rondón y está dirigida contra la Presidencia de la República, así como contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.
¿Por qué se presentó la tutela?
De acuerdo con la tutela, la expedición del decreto habría incurrido en vicios de procedimiento que vulneran el derecho fundamental al debido proceso.
Linares sostiene que el Gobierno fijó el incremento salarial sin agotar de manera adecuada el mecanismo de concertación tripartita, principio constitucional que obliga a que este tipo de decisiones se adopten tras un diálogo efectivo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
Según el exmagistrado, el Ejecutivo habría desconocido este principio al imponer el aumento vía decreto, sin que existiera una negociación real y transparente dentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Un debate con implicaciones nacionales
La tutela no solo cuestiona la legalidad del Decreto 1469, sino que también reaviva el debate sobre los límites del poder reglamentario del Gobierno en materia salarial y la obligatoriedad de los espacios de concertación social.
De prosperar, la acción podría tener efectos significativos sobre la validez del aumento del salario mínimo para 2026 y sentar un precedente frente a futuras decisiones similares.
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