La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos delitos a tres mujeres señaladas de integrar una red dedicada a la realización de cirugías estéticas clandestinas en Medellín, procedimientos que habrían dejado al menos 55 personas afectadas, más de 40 de ellas con lesiones de consideración.
Durante una audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en la modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas, cargos derivados del impacto masivo que generaron estas prácticas ilegales.
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Procedimientos en viviendas sin condiciones sanitarias
De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo habrían participado en la ejecución de procedimientos estéticos invasivos en quirófanos improvisados, acondicionados en viviendas ubicadas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene, salubridad y seguridad exigidas por la normativa sanitaria.
Las investigaciones indican que entre abril de 2023 y mayo de 2024, las procesadas, junto con otras personas, realizaron múltiples intervenciones a mujeres contactadas principalmente a través de redes sociales, quienes eran atraídas por la oferta de un procedimiento conocido como “lipólisis láser con transferencia glútea”.
Roles dentro de la red ilegal
Según la Fiscalía Seccional Medellín, las mujeres imputadas habrían participado de manera directa en distintas etapas de los procedimientos, cumpliendo funciones como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos, pese a no contar con la formación médica ni las autorizaciones legales requeridas.
El ente acusador estableció además que, cuando las víctimas regresaban a los lugares donde fueron intervenidas para reportar complicaciones médicas, los responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y responsabilidades.
Más de 40 mujeres con secuelas físicas
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas directas de estos procedimientos ilegales. Más de 40 mujeres presentaron consecuencias como deformidades físicas, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones de salud, derivadas de las intervenciones invasivas realizadas sin control médico.
Las tres mujeres imputadas permanecen privadas de la libertad en un establecimiento carcelario desde octubre de 2025. En el marco de este mismo proceso, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial.
Llamado a la prevención
El caso vuelve a encender las alertas sobre los riesgos de acudir a procedimientos estéticos ilegales, así como sobre el uso de redes sociales para promocionar prácticas médicas sin respaldo profesional, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de las personas.
La investigación continúa en curso, mientras las autoridades reiteran el llamado a verificar siempre que cualquier procedimiento estético sea realizado por profesionales certificados y en centros autorizados.
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