El DAPRE se encuentra en el ojo del huracán por un contrato de 10.000 millones de pesos destinado a la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro.
La denuncia, interpuesta por Germán Ricaurte (Unidad Contra el Gasto Hormiga), critica el uso de estos recursos para asesorías relacionadas con las sanciones financieras impuestas por la OFAC de Estados Unidos.
Según los documentos divulgados, el acuerdo se celebró bajo contratación directa con la firma británica Amadeus Legal and Financial Solutions, por un monto de 2 millones de libras esterlinas.
El objeto del contrato es la defensa jurídica internacional frente a regímenes de sanciones financieras, análisis de riesgos y elaboración de conceptos técnicos especializados.
Ricaurte aseguró que el contrato estaría enfocado en una defensa personal del presidente Gustavo Petro, tras su presunta inclusión en la llamada Lista Clinton, y no en una defensa institucional del Estado.
“Es un abuso de los recursos públicos”, afirmó, señalando que el propio mandatario ya había anunciado meses atrás quién sería su abogado en este proceso.
Aunque los estudios previos destacan la experiencia internacional de la firma en casos ante la OFAC, tribunales de EE. UU., la Unión Europea y organismos multilaterales, la denuncia abrió un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos y los límites entre la defensa del Estado y asuntos personales.
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido una respuesta oficial, mientras la polémica promete escalar en el escenario político y de control fiscal.
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Atención: la Presidencia de @petrogustavo acaba de contratar a una firma de abogados por 10 mil millones de pesos para que lo asesore y defienda por su inclusión en la Lista Clinton (OFAC).
¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal!
Esto es un… pic.twitter.com/fxLNlI9mmo
— Germán Ricaurte (@german_ricaurte) January 11, 2026
