En plena antesala del calendario electoral y a pocas semanas de que empiecen a regir las restricciones de la Ley de Garantías, distintas entidades del Gobierno del presidente Gustavo Petro avanzan en una ola de nuevos contratos y ampliaciones de planta.
Según documentos oficiales y proyecciones internas conocidas pòr El Colombiano, implican cientos de cargos adicionales, un fuerte aumento del gasto en nómina y billones de pesos comprometidos.
Las cifras, que se mueven entre ministerios, entidades adscritas y fondos especiales, han encendido alertas por lo que sectores críticos califican como una nueva generación de contratos “corbata”, justo cuando el país entra en año preelectoral.
ADRES: la planta casi se cuadruplica
Uno de los casos más llamativos es el de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La entidad proyecta pasar de 233 a 930 cargos, es decir, casi cuadruplicar su planta de personal.
El impacto fiscal no es menor:
– Costo anual de nómina actual: $48.017 millones
– Costo proyectado: $99.069 millones
– Incremento: más de $51.000 millones anuales
Ministerio de Salud: 442 cargos más en 2026
A este aumento se suma el Ministerio de Salud, que proyecta la creación de 442 nuevos cargos para 2026, con un costo estimado de $59.403 millones al año.
El crecimiento de la estructura administrativa se da mientras el sistema de salud enfrenta tensiones financieras y operativas en varias regiones del país.
DAPRE y Fondo de Adaptación: movimientos antes de Ley de Garantías
En el DAPRE y el Fondo de Adaptación, fuentes señalan que Angie Rodríguez habría retirado a 15 funcionarios el pasado 1 de enero, para vincular a 30 nuevos empleados antes de que entren en vigor las restricciones de la Ley de Garantías.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que el Fondo de Adaptación maneja un presupuesto de $668.000 millones, lo que lo convierte en una de las bolsas más apetecidas del Ejecutivo.
MinIgualdad y FonIgualdad: miles de contratistas
El Ministerio de la Igualdad tampoco es ajeno a esta dinámica. A través del fondo FonIgualdad, se destinaron $70.582 millones para vincular 3.304 nuevos contratistas entre 2025 y 2026.
A esto se suman otros $68.949 millones en operadores logísticos.
Aunque desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, el patrón común —más cargos, mayor gasto y rapidez en las contrataciones antes de las restricciones electorales— ha abierto un intenso debate político y ciudadano.
Para los críticos, se trata de una expansión burocrática con claros tintes electorales; para el Ejecutivo, de ajustes necesarios para cumplir las metas del Plan de Gobierno.
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