Durante tres horas, la Procuraduría General de la Nación dio lectura del fallo que determinó que Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín, fue responsable de participación el política por lo que fue suspendido e inhabilitado por 6 meses y por consiguiente debe pagar $104,914 millones.
Este proceso inició a finales de enero del 2023, cuando ya Colombia se encontraba en época electoral, inmersa en los procesos para elegir a quienes ocuparían las curules del Congreso de la República y de la campaña presidencial, cuando a través de sus cuentas personales Quintero Calle hizo algunas declaraciones que, de manera indirecta, invitaban a votar por un movimiento determinado, en este caso por el actual presidente de la República.
Estas declaraciones y videos le costaron a Quintero Calle una suspensión temporal de su cargo, con el fin de que no siguiera interviniendo en política y por ende cambiando la balanza en las elecciones presidenciales en la región.
En el fallo, la Procuraduría recalcó que, dadas las funciones constitucionales asignadas a este órgano de control, es la entidad indicada para realizar este tipo de investigaciones y emitir un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio. Éste último, con las sanciones que establecen las normas.
Por otro lado se hizo un análisis sobre cada uno de los hechos en los que Quintero Calle se vio involucrado, desde la publicación de las fotos en las que se veía claramente por quienes había votado en el Congreso y el famoso video de «El cambio en primera» donde abiertamente apoyaba la candidatura de Gustavo Petro.
La Procuraduría, en el documento que fue leído, dejó claro que el argumento utilizado por la defensa del ex alcalde sobre que los mensajes fueron publicados en las cuentas personales de redes sociales del entonces mandatario de Medellín, carecen de sustento jurídico ya que durante los cuatro años utilizó sus cuentas personales para difundir mensajes oficiales y los avances en la gestión de su administración.
Por otro lado el fallo aclara que la argumentación de «El Cambio en primera» realizado por la defensa de Daniel Quintero y que pretendía justificar el video diciendo que iba dirigido al sector automotriz, carece de sustento ya que en mensajes posteriores quedó claro que era un mensaje netamente político que pretendía apoyar al Pacto Histórico en la contienda electoral.
El fallo dejó claro que la actuación de Daniel Quintero no fue realizada por desconocimiento de la norma, sino que, gracias a los comentarios del mismo ex mandatario, quedó claro que cada una de las afirmaciones iban tendientes a desestabilizar la normatividad jurídica del país y mover la balanza electoral hacia sus intereses.
Con eso se demostró el dolo en la actuación de Quintero Calle, lo que permite calificar la falta como grave.
Para la Procuraduría sorprende que el defensor de Quintero califique al ente de control de poco neutral cuando se ha cumplido con el mandato constitucional y se ha respetado el debido proceso y la normatividad vigente.
Es así como el ex alcalde no podrá ocupar ningún cargo de elección popular ni ser contratado por el estado en los próximos seis meses, por lo que sus aspiraciones presidenciales no se ven truncadas.
La defensa afirmó que apelarán el fallo y que dicha sentencia no se ciñe a la normatividad vigente al haber realizado un análisis profundo sobre el papel de la Procuraduría y al incumplimiento de Daniel Quintero como alcalde de Medellín cuando estaba en el cargo, afirmando que no comparte ninguna de las declaraciones realizadas.
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