Empresas Públicas de Medellín (EPM) manifestó su preocupación sobre la propuesta de implementar una tasa especial de seguridad en las facturas de servicios públicos, iniciativa liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Según la empresa, el mecanismo carecería de respaldo jurídico suficiente, exponiendo tanto a la entidad como a los usuarios a riesgos legales y económicos significativos.
En un documento entregado a la Asamblea de Antioquia el pasado 22 de noviembre, el gerente de EPM, John Maya Salazar, detalló los posibles vacíos legales que podrían invalidar el cobro.
“Entre los riesgos asociados a la implementación se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar en la nulidad de la disposición que lo adopte. Esto generaría inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios”, afirmó Maya.
Falta de respaldo normativo
Maya destacó que, aunque la Ley 2272 de 2022 fue declarada exequible mediante la sentencia C-363 de 2023, esta no revive la facultad general de las entidades territoriales para imponer tasas como la prevista en la Ley 1421 de 2010.
Por tanto, cualquier intento de implementar el tributo sin una ley nacional que lo respalde sería jurídicamente inviable.
El gerente también recordó el artículo 243 de la Constitución, que prohíbe reproducir actos declarados inexequibles mientras subsistan las razones de fondo de dicha decisión.
“La autonomía fiscal de los entes territoriales en Colombia está limitada. Para adoptar un tributo de este tipo se requiere de una norma nacional que aún no existe”, añadió.
Impacto en usuarios y operatividad de EPM
Además de las inquietudes legales, EPM expresó su preocupación por la carga operativa que implicaría incorporar la tasa en la factura de servicios públicos.
Según la Dian, la empresa está obligada a emitir un Documento Equivalente Electrónico (DEE) que incluya todos los cobros asociados a los servicios públicos.
Sin embargo, Maya señaló que una tasa de seguridad no guarda relación directa con la prestación de dichos servicios, lo que podría generar dificultades adicionales.
En términos económicos, el impacto sería significativo, especialmente para los estratos 4, 5 y 6, que agrupan a 228.500 usuarios en Medellín y 161.600 en el resto de Antioquia.
En cuanto a los clientes comerciales, industriales y oficiales, la medida afectaría a 143.200 usuarios en el departamento y 87.600 en la capital antioqueña.
“Un aumento en el costo final podría incrementar la morosidad, afectando la capacidad de pago de los usuarios y la estabilidad financiera de EPM”, advirtió Maya.
El gerente concluyó haciendo un llamado a evaluar el proyecto no solo desde el marco legal, sino también en función de las condiciones económicas actuales. “Es crucial considerar el impacto social que tendría esta medida en los hogares y empresas del departamento”, insistió.
Cabe recordar que hace pocos días, las Cámaras de Comercio de Medellín y Aburrá Sur, así como Fenalco Antioquia mostraron su descontento con esta propuesta, asegurando que los más perjudicados serían los comerciantes antioqueños.
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