El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre las dificultades fiscales que podría generar la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo costo se estima en unos $700 mil millones.
Este mecanismo surge tras el fracaso de la reforma laboral en el Congreso y busca que los ciudadanos decidan sobre aspectos clave de la iniciativa.
Rodríguez señaló que estos recursos deberán salir del presupuesto nacional, lo que afectaría otras áreas prioritarias.
“El Registrador tendrá una cifra más precisa, pero históricamente estimo que estaría entre $500 mil millones y $700 mil millones”, afirmó el Contralor.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, adelantó que la consulta incluiría temas como la regulación de la jornada laboral y la formalización de los aprendices del SENA.
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