El decreto con el que el presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 en $2 millones —incluido el auxilio de transporte y el concepto de “salario vital”— podría terminar en el Consejo de Estado, si prosperan demandas de nulidad contra la medida.
El alto tribunal puede revisar los decretos del Gobierno cuando exista una acción judicial previa. En este caso, el estudio recaería principalmente en la Sección Segunda, encargada de asuntos laborales con el Estado, o eventualmente en la Primera, según los argumentos de las demandas.
Hay un antecedente clave: en 2017, el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
La decisión se basó en una motivación “insuficiente”, al considerar que el Ejecutivo no explicó de forma clara cómo variables como la inflación y la productividad influyeron en el aumento salarial.
Ese fallo recordó que, cuando el Gobierno fija el salario mínimo de manera unilateral tras fracasar la concertación, debe cumplir estrictamente con la carga de motivación prevista en la Ley 278 de 1996, que exige analizar factores económicos y sociales de forma detallada.
El nuevo decreto de Petro, a diferencia del de 2015, incorpora elementos del concepto de salario mínimo vital y criterios sociales respaldados por la OIT.
Aun así, cualquier demanda seguirá un trámite largo: mientras tanto, el aumento salarial seguirá vigente y una eventual decisión judicial tardaría años en producir efectos.
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