El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, señalados de participar en una red de favores políticos ligada al uso indebido de recursos en la UNGRD; una decisión que podría derivar en la llamada «muerte política».
Entre los nombres que aparecen en el expediente figura el del Representante a la Cámara por Antioquia, Julián Peinado (Partido Liberal), oriundo del municipio de Envigado; así como la Senadora Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente – ASI), quien también es de la región, específicamente del municipio de Yarumal al norte del departamento.
La acción judicial fue presentada por el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, y también cobija a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, además de Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal). Y en la Cámara de Representantes los señalados son Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez (Partido Conservador) y Karen Manrique (curules de paz).
Según la demanda, los congresistas habrían intervenido para direccionar contratos y cargos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas clave del Gobierno en el Legislativo.
Estas conductas, de comprobarse, configurarían tráfico de influencias y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El proceso, que es independiente de las investigaciones penales que avanzan en la Corte Suprema y la Fiscalía, se apoya en testimonios de exdirectivos de la entidad, quienes describieron un esquema en el que los recursos para atender emergencias habrían sido usados como moneda de cambio política.
Tras la admisión de la demanda, los implicados tendrán cinco días para responder ante el Consejo de Estado. Si el alto tribunal falla en su contra, podrían perder de manera definitiva sus curules, lo que significaría el fin de la carrera política de estos congresistas.

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