La Fiscalía General de la Nación analiza citar a declarar al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, dentro de la investigación por el decomiso de 145 millones de pesos a un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el departamento de La Guajira, durante operativos para prevenir posibles casos de compra de votos.
La información fue confirmada por la directora Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez Ojeda, quien señaló en diálogo con La FM que el fiscal delegado del caso continúa recaudando pruebas para establecer si el dinero estaría vinculado con delitos electorales o lavado de activos.
El dinero fue encontrado en poder del escolta de la UNP Luis Alfredo Acuña, quien fue capturado en el municipio de Hatonuevo junto con publicidad política del candidato al Senado y actual representante a la Cámara por Antioquia del Partido Conservador, Daniel Restrepo.
Aunque Acuña recuperó la libertad luego de que un juez declarara ilegal el procedimiento por haberse superado el plazo de 36 horas para legalizar la captura, la Fiscalía aclaró que la investigación sigue en curso.
Según las autoridades, los 145 millones de pesos estaban repartidos en siete sobres de manila con nombres escritos, entre ellos los de varios líderes políticos de La Guajira, incluidos concejales de Riohacha.
Entre los nombres mencionados en los sobres figurarían Kevin Cantillo, concejal por el Partido de la U; Christian Bermúdez, concejal por la coalición Cambio Radical–Colombia Renaciente; y Gandhi Romero Epinayú, del Partido Liberal.
También aparecen Débora Barros, activista indígena wayuu; Laura Marcela “Beba” Ramírez Cantillo, exconcejal de Maicao; Edwin Solano, exsecretario de Desarrollo de ese municipio; y Rosa Pacheco, exdiputada de La Guajira.
La Fiscalía anunció además nuevas diligencias de policía judicial, entre ellas una prueba de grafología para determinar quién escribió los nombres en los sobres.
Pese a la devolución del dinero ordenada por el juez —al no demostrarse en ese momento su origen ilícito—, el ente investigador mantiene abiertas las indagaciones para establecer la procedencia de los recursos y su posible relación con delitos electorales.
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