La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional evaluar la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de salud colombiano, argumentando una crisis inminente debido al incremento del valor de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
Una solicitud urgente
En un documento enviado al alto tribunal, la Procuraduría instó a los magistrados a emitir órdenes inmediatas al Ministerio de Salud para corregir lo que calificó como decisiones «equívocas y antitécnicas» respecto a la definición de las UPC.
«Se estudie la viabilidad de declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, solicitado por este Despacho el 1 de agosto de 2024, con el fin de restaurar el orden constitucional en salud y evitar su desastre anunciado por muchos actores», señala el texto.
La preocupación principal del organismo radica en el aumento de solo un 5,36% en las UPC, cifra que, según la Procuraduría, carece de sustento técnico y responde a decisiones de carácter político.
Impacto de decisiones políticas
La Procuraduría cuestionó que el incremento aprobado para las UPC esté motivado por la falta de recursos, derivada del rechazo de la Ley de Financiamiento en el Congreso, lo que habría llevado al Gobierno Nacional a establecer una cifra «insostenible» para ejercer presión económica en el sector.
«El incremento de tan solo el 5,36% del valor de la UPC para 2025, al igual que en 2024, se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la denominada Ley de Financiamiento», afirmó el organismo.
Solicitudes específicas
Entre las medidas requeridas por la Procuraduría a la Corte Constitucional, se incluye:
1. Declarar el desacato del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento de órdenes emitidas en el seguimiento de la sentencia T-760 de 2008, que busca garantizar el derecho fundamental a la salud.
2. Exigir al Ministerio de Salud adoptar decisiones fundamentadas técnicamente para evitar un agravamiento de la crisis en el sistema de salud.
3. Implementar acciones urgentes para proteger los derechos a la vida, la salud y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
«Dar inicio al trámite de desacato por el evidente incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del Seguimiento a la Sentencia T760-08, con las consecuencias irreversibles para el sistema de salud en materia de garantías a la vida, salud y derechos fundamentales», concluyó la Procuraduría.
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La @PGN_COL reiteró al @MinSaludCol la urgencia de un cálculo técnico y transparente de la UPC 2025. ⚠️Hay alarma por el impacto adverso para clínicas y hospitales y principalmente para pacientes. #EsNoticia https://t.co/jJlsq76Hbe pic.twitter.com/b9m7Rca1OH
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 13, 2025
