La Procuraduría General reveló un documento de 26 páginas en el que ordenaba la suspensión por tres meses del entonces jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, por presunta extralimitación de funciones en el caso de los pasaportes.
Sin embargo, la medida no se hizo efectiva, ya que el Gobierno lo designó como embajador en Brasil el mismo 15 de agosto, día en que se expidió la sanción.
Según el Ministerio Público, Saade habría impartido órdenes irregulares a funcionarios de la Cancillería para modificar la asignación de citas, lo que fue cuestionado por la entonces canciller Laura Sarabia.
El documento advierte que su permanencia en el cargo podría generar una crisis en la prestación del servicio.
La investigación también alcanza a excancilleres como Álvaro Leyva Durán y Luis Gilberto Murillo, señalados de no haber estructurado a tiempo la nueva adjudicación del contrato de pasaportes.
Murillo habría recurrido de forma indebida a la urgencia manifiesta en 2024, mientras que Sarabia conocía desde abril de 2025 que el plan con la Casa de la Moneda de Portugal era inviable.

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