La Fiscalía General de la Nación y la representación legal de las víctimas en el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) revelaron una preocupante estrategia para presionar, intimidar y desviar los testimonios de los testigos clave en el proceso por presunta corrupción que salpica a la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El caso más grave involucra a Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y testigo protegido con esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien ha señalado a altos exfuncionarios de supuestos malos manejos en entidades como el AMVA, Metroparques, el Inder y la EDU.
Ofertas de defensa y padrinazgos políticos
Según la Fiscalía y las declaraciones del propio Cadavid, existieron múltiples intentos de acercamiento dirigidos a frenar sus delaciones:
– Propuestas del entorno del exsenador Carlos Andrés Trujillo: Cadavid aseguró que el personero de Itagüí, John Fredy Ortiz, lo visitó en prisión para ofrecerle asistencia jurídica y traslados carcelarios en el municipio de Santo Domingo, donde el alcalde era afín al equipo de Trujillo.
– Presión a familiares: Sara Cadavid, hija del testigo, fue citada al despacho del actual alcalde de Itagüí, Diego Torres, donde presuntamente le ofrecieron de forma gratuita los servicios de abogados penalistas reconocidos para «manejar» el proceso de su padre.
– Ofertas de traslados carcelarios: Se indagan versiones sobre propuestas de cupos en otros centros penitenciarios a cambio de sumas millonarias para disuadir la colaboración con la justicia.
Visitas en prisión y campañas de desprestigio
Según reportó El Colombiano, durante su estancia en la cárcel El Pedregal, Cadavid recibió cerca de 17 visitas de abogados y figuras políticas —entre ellos el exconcejal Lucas Cañas y el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga— en las que, según denunció, se le aconsejó no ir a principio de oportunidad con la Fiscalía.
A la par, se habrían ejecutado estrategias de desprestigio dirigidas tanto a Cadavid como a Laura Mejía, otra testigo estrella en las investigaciones por contratación presuntamente amañada en Metroparques por cerca de $18.000 millones.
Alerta por presunta infiltración en la Fiscalía
Un hallazgo de la fiscal a cargo del caso incrementó la gravedad de las denuncias: una funcionaria del ente investigador, sin relación alguna con el proceso, accedió al expediente digital y realizó 293 descargas de documentos durante una sola jornada laboral.
Las autoridades investigan si esta filtración tiene relación con declaraciones públicas emitidas por líderes políticos antes de que la información fuera de conocimiento público.
El Juez 27 Penal de Medellín evalúa la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los procesados por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en el convenio de $17.656 millones suscrito entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí.
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