La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí investigan a Flypass por el cobro recurrente de $220 adicionales sobre la tarifa oficial en los peajes electrónicos del país.
Según una investigación de Caracol Radio, el cobro afectaría a los usuarios del plan ‘Pasa y Paga’, monto que según el Ministerio de Transporte no cuenta con autorización alguna.
La norma vigente en Colombia estipula que los conductores deben pagar únicamente la tarifa oficial fijada por el Estado, la cual ya contempla la comisión que reciben los intermediarios.
Sin embargo, en los extractos de la plataforma, el cobro figura bajo la modalidad de “costo por débito directo” en el plan Standard, mientras que en el plan Colpass existen denuncias de aplicar el mismo descuento pese a anunciarse como gratuito.
Cifras millonarias y acciones legales
Según el mismo medio, la acción de grupo interpuesta en el juzgado de Itagüí por los ciudadanos Hernán Panesso y Manuel García busca que se restituya el dinero cobrado en exceso. Aunque se trata de un valor unitario de $220 por paso, el impacto económico global es considerable:
– Un conductor recurrente (2 peajes diarios, 22 días al mes) asume unos $116.000 extra al año.
– Si el cobro se aplicara a las 4 millones de transacciones mensuales estimadas, el monto ascendería a $880 millones al mes.
– En un proyectado de 32 millones de pasos, la suma alcanzaría los $8.000 millones de pesos.
Adicionalmente, el caso coincide con recientes cuestionamientos divulgados por medios locales sobre la participación de una inversionista vinculada al consorcio de una alianza público-privada de parqueaderos por $61.000 millones en El Retiro, Antioquia.
La postura de Flypass y el sector
Juan Manuel Vicente, presidente de F2X (matriz de Flypass), argumentó que parte del problema se debió a un «error tecnológico» que afectó a 496 usuarios en cambio de plan, situación que —según la empresa— ya fue corregida y reembolsada.
Respecto al plan ‘Pasa y Paga’, sostuvo que el cobro de $220 corresponde a un costo por el servicio y la facilidad de vincular un producto bancario de respaldo sin necesidad de recargas previas.
Sobre la demanda en Itagüí, señaló que la mayoría de los demandantes no eran usuarios registrados poco antes de la acción legal ni presentaron reclamos previos en la línea de atención.
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