En respuesta a la magistrada ponente, Vanessa Alexandra Pérez, del Tribunal Administrativo de Antioquia, la Procuraduría le envía el concepto sobre la viabilidad jurídica de la posible inhabilidad de Juan Carlos Upegui, por lo que podría perder su curul en el Concejo de Medellín.
En el documento el ente de control confirma, que según los argumentos jurídicos presentados por los demandantes, si se puede aplicar la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Y es que llegaron, desde finales de diciembre, en el momento en que Juan Carlos Upegui aceptó la curul de la oposición, una serie de demandas al Tribunal Administrativo de Antioquia, pidiendo la pérdida de investidura del actual concejal de Medellín.
La justicia unificó las demandas y emitirá un solo fallo para todos los demandantes, que basan sus argumentos en que Upegui no podía haber sido candidato a la Alcaldía de Medellín, candidatura que lo hizo merecedor de la curul de la oposición por haber sido el segundo candidato más votado en la ciudad.
Para la época en la que Upegui era candidato a la Alcaldía, su padre se desempeñaba como rector encargado de una entidad pública del distrito. La Ley contempla que no puede haber familiares, ni siquiera en segundo grado de consanguinidad ejerciendo cargos públicos que implican ser ordenadores del gasto cuando se es candidato de elección popular.
Esto con el fin de evitar que los dinero públicos se desvíen hacia las campañas, y en el caso de Upegui, el cargo en el que se desempeñaba el papa para ese entonces implicaba ser ordenador del gasto.
Upegui, desde el inicio de su candidatura a la Alcaldía de Medellín, ha estado en el ojo del huracán por cuenta de ser el candidato de Daniel Quintero, y por el que este último renunció a su cargo como alcalde para apoyar dicha campaña.
Por otro lado, una de las personas demandantes de la curul fue Albert Corredor, quien quedó de tercero en la contienda electoral, y muy cercano a Quintero y a Upegui durante la administración del primero.
Con este concepto jurídico de la Procuraduría, el Tribunal deberá fallar en las próximas semanas.
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