El próximo sábado 31 de enero arranca oficialmente la campaña presidencial en Colombia con la apertura del periodo de inscripción de candidatos.
La fecha marca el camino hacia el 8 de marzo, cuando se realizarán las consultas interpartidistas junto a las elecciones al Congreso.
Sin embargo, antes de que empiece la contienda, ya hay una polémica que sacude el tablero político: la eventual inhabilidad del senador Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente Amplio.
Cepeda, figura clave del Pacto Histórico y segundo en las encuestas según AtlasIntel (26,5 %), ganó una consulta realizada el pasado 26 de octubre, en la que superó a Carolina Corcho.
El debate gira en torno a si ese mecanismo fue una consulta interna o interpartidista. De ser esta última, la ley electoral impediría que el senador participe en una nueva consulta del mismo tipo dentro del mismo proceso electoral.
Expertos están divididos. El exregistrador Juan Carlos Galindo adviertió a El Colombiano que Cepeda no podría competir nuevamente, pues la ley hace obligatorios los resultados de una consulta interpartidista y prohíbe repetir el mecanismo.
A su juicio, insistir en participar podría “viciar” su candidatura.
En contraste, Alfonso Portela, también exregistrador, sostuvo al mismo rotativo que la consulta de octubre fue partidista y que restringir a Cepeda vulneraría sus derechos políticos.
Dentro del Frente Amplio, dirigentes como Roy Barreras esperan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) despeje pronto la duda y permita una competencia abierta. Por ahora, el CNE no ha tomado una decisión formal y está a la espera de la inscripción oficial del candidato.
Así, cuando aún no empieza oficialmente la carrera presidencial, el caso Cepeda se convierte en la primera gran prueba del sistema electoral de 2026, poniendo en juego no solo una candidatura, sino la credibilidad de las consultas y la capacidad del árbitro electoral para resolver un conflicto donde la ley y la política chocan de frente.
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