La definición de fondo sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno sufrió un nuevo aplazamiento en la Corte Constitucional, luego de que el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, se declarara impedido para continuar con el estudio del caso.
La situación, revelada por el periodista Ricardo Ospina durante el programa Mañanas Blu con Néstor Morales, obliga a la Sala Plena a resolver primero el impedimento y, de aceptarlo, a designar un nuevo responsable del expediente, lo que prolonga los tiempos de decisión.
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Según lo explicado en la emisión, el impedimento será evaluado por los demás magistrados y tendría altas probabilidades de ser aprobado. De confirmarse, la Corte deberá asignar un nuevo ponente, lo que implica retomar parte del análisis jurídico desde su fase formal y presentar una nueva ponencia ante la Sala Plena.
El magistrado Ibáñez, quien hasta hace pocos días ejercía la presidencia del alto tribunal, radicó su solicitud tras una entrevista concedida al diario El Tiempo. En esa declaración pública hizo referencia al trámite de la ley pensional y mencionó un presunto vicio de forma, lo que generó cuestionamientos sobre un eventual prejuzgamiento.
De aceptarse el impedimento, la nueva presidenta de la Corte, Paola Meneses, asumiría la elaboración de una nueva ponencia, conforme a las reglas internas del tribunal. Este procedimiento obligaría a reintroducir el proyecto de decisión ante los demás magistrados y podría incidir en la participación del conjuez previamente designado, dependiendo de la configuración de mayorías y del quórum que resulte tras la decisión sobre el impedimento.
El proceso que cursa en la Corte se concentra en establecer si el trámite legislativo de la reforma cumplió los requisitos constitucionales, en particular frente a un presunto vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes. La eventual aceptación del impedimento no define la constitucionalidad de la norma, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión central para la agenda social del Ejecutivo.
Analistas advirtieron que el cambio de ponente podría traducirse en semanas o incluso meses adicionales de estudio, dado que la nueva magistratura deberá revisar integralmente el expediente y estructurar nuevamente la propuesta de fallo. En la práctica, la decisión sobre la reforma pensional continuará en suspenso mientras la Corte reorganiza el trámite interno del caso.
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