La organización Pacientes Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por el presunto delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que podrían derivarse del proceso.
Según el comunicado, la denuncia sostiene que el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, especialmente en lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos destinados a servicios y tecnologías no cubiertos por esta.
Pacientes Colombia asegura que, pese a advertencias explícitas del alto tribunal en distintos autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos para la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos.
La organización también cuestiona el desarrollo de las mesas técnicas convocadas para revisar la UPC, al considerar que se trataron de espacios formales sin deliberación efectiva, con restricciones de acceso a la información y decisiones previamente definidas.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de millones de pacientes”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al advertir que estas decisiones estarían afectando la estabilidad financiera del sistema y la garantía del derecho fundamental a la salud.
En el escrito, los denunciantes solicitan además medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección a denunciantes y testigos y la evaluación de una eventual suspensión temporal de funciones relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos mientras avanzan las investigaciones.
Finalmente, Pacientes Colombia reiteró su llamado a que se respeten las decisiones de la Corte Constitucional y se adopten medidas estructurales para asegurar la suficiencia de recursos del sistema de salud y la atención oportuna a los usuarios.
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