Luego de que Nicolás Maduro jurara como presidente de Venezuela ante la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2031, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, intensificó su presión contra su gobierno, calificando su mandato como ilegítimo y denunciando irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
EE. UU. aumenta recompensas y aplica nuevas sanciones
El Gobierno de Estados Unidos elevó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, ambos acusados de narcotráfico y conspiración para importar drogas hacia territorio estadounidense.
Esta cifra, la más alta permitida por la legislación norteamericana, refleja el endurecimiento de la postura de la Administración de Joe Biden hacia el régimen chavista.
Además, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas contra ocho altos funcionarios del gobierno venezolano, incluidos Héctor Obregón Pérez, presidente de la estatal petrolera PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes.
Según un portavoz gubernamental, estas medidas responden a los «recientes eventos en Venezuela, incluida la falsa toma de posesión presidencial de Maduro», a quien se acusa de haber usurpado el cargo en un proceso electoral que careció de transparencia.
La oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, sostiene que ganó los comicios del 28 de julio y ha presentado actas que, según afirma, prueban de manera irrefutable su triunfo. «González Urrutia debería prestar juramento hoy como presidente legítimo de Venezuela», afirmó un alto funcionario estadounidense.
Estos son los carteles:
Sanciones de la Unión Europea
Por su parte, la Unión Europea también amplió su lista de sancionados, sumando quince altos funcionarios venezolanos a los 54 previamente sancionados, elevando el total a 69 personas.
Entre los nuevos nombres destacan Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las fuerzas de seguridad.
«La reivindicación del poder por parte de Nicolás Maduro no es legítima y socava la democracia y el Estado de Derecho», declaró Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores. Según Kallas, la revocación de estas sanciones dependerá de avances tangibles en derechos humanos y de pasos significativos hacia una transición democrática.
Reino Unido se suma a las sanciones
El Reino Unido, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, también anunció sanciones contra quince altos funcionarios del gobierno de Maduro, acusándolos de «fraude electoral» y «represión».
En un comunicado oficial, Londres subrayó que «el resultado de las elecciones de julio no fue ni libre ni justo», y reiteró que el régimen chavista no representa la voluntad del pueblo venezolano.
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