A pesar de haber perdido su curul en el Concejo de Medellín por una inhabilidad derivada del cargo que ocupaba su padre en un colegio público de la ciudad, los cuestionamientos legales para Juan Carlos Upegui no han cesado.
En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de una nueva investigación en su contra, esta vez por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la Alcaldía de Medellín.
De acuerdo con la resolución emitida por el CNE, se detectaron aportes económicos a la campaña provenientes de contratistas del Estado que, según la ley, no estaban habilitados para realizar dichos desembolsos.
La normativa electoral prohíbe que personas naturales o jurídicas cuyos ingresos del último año fiscal dependan en más del 50% de contratos estatales hagan aportes a campañas políticas.
Aunque inicialmente se había señalado a 14 contratistas, tras un análisis detallado el CNE concluyó que la posible infracción se limitaría a cuatro de ellos: Ana María Cruz Ruiz, Andrea Velásquez Mesa y Ángela María Manrique, quienes entregaron cinco millones de pesos cada una, y Fabián David Ortiz Pinzón, quien habría aportado 10 millones de pesos.
Según la defensa de Upegui, los aportes fueron devueltos una vez se identificó la irregularidad.
A pesar de esto, el CNE considera que el simple ingreso de los recursos a la campaña podría constituir una falta.
“No puede concluirse que los aportes fueron objeto de rechazo sino que el término más exacto sería el de devolución o reembolso propiamente dicho”, señala el documento oficial.
La investigación también cobija a Juan Pablo Ramírez, gerente de la campaña de Upegui y figura cercana al exalcalde Daniel Quintero.
Según el ente electoral, Ramírez no solicitó la documentación correspondiente en el momento adecuado, y sólo procedió con la devolución de los dineros días después de advertir la posible ilegalidad del origen de los fondos.
De ser hallados responsables, los implicados podrían enfrentar sanciones económicas que van desde los 19 hasta los 194 millones de pesos, conforme a lo establecido en el régimen sancionatorio electoral vigente.
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