Resulta impresentable e inaceptable que un grupo de seguidores del Pacto Histórico haya llegado cerca de la propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez para pintar murales y realizar actos de provocación política.
En democracia, la confrontación de las ideas tiene escenarios legítimos: las plazas públicas, los auditorios, los foros y, sobre todo, las urnas.
Allí se debate, se contradice, se protesta y se construye país. Pero cuando la política traspasa el límite de lo público y se convierte en una acción dirigida a invadir la tranquilidad familiar y generar intimidación alrededor de una vivienda, se cruza una línea peligrosa que no debería normalizarse bajo ninguna circunstancia.
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No se trata de simpatías políticas ni de afinidades ideológicas. Se trata de principios democráticos básicos. Quien hoy justifica este tipo de actuaciones porque van dirigidas contra un adversario político, mañana no tendrá autoridad moral para rechazarlas cuando ocurran del otro lado del espectro.
Colombia ya ha vivido demasiados años marcada por el odio, la polarización y la persecución política.
Precisamente por eso, cualquier expresión que incentive el acoso o la intimidación contra líderes políticos y sus familias debe ser rechazada con contundencia, venga de donde venga.
La democracia exige firmeza en las ideas, pero también límites claros en las formas. La crítica política no puede convertirse en hostigamiento personal ni en acciones que alteren la seguridad y la tranquilidad de un entorno familiar.
