El debate sobre la política de “paz total” en Medellín volvió a encenderse luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la derogatoria parcial de la resolución que suspendía órdenes de captura contra 23 presuntos cabecillas criminales en el Valle de Aburrá.
La decisión implica que 16 de estos individuos, quienes ya se encuentran cumpliendo condenas por delitos graves, quedan por fuera del beneficio. Sin embargo, la medida se mantiene para siete personas, lo que continúa generando controversia entre autoridades locales.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X, destacando el cambio como un avance, aunque insuficiente.
“Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos. Quedan 7 con el beneficio”, señaló el mandatario.
Gutiérrez también cuestionó de manera directa al Gobierno nacional y alertó sobre casos específicos:
“El caso de alias ‘el montañero’ es muy grave. Inaceptable que el gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”.
‼️La Fiscal General de la Nación acaba de anunciar que deroga parcialmente la resolución en la que se levantaban órdenes de captura en contra de 23 criminales en Medellín.
Saca de la resolución a 16 criminales que hoy están pagando condena por graves delitos.
Quedan 7 con el…— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 7, 2026
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Una decisión en medio de la polémica
La resolución original había sido adoptada en el marco de la estrategia de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de facilitar diálogos con estructuras criminales.
No obstante, la inclusión de personas con condenas vigentes desató críticas inmediatas por parte de autoridades regionales, quienes calificaron la medida como un riesgo para la seguridad.
El ajuste anunciado por la Fiscalía responde precisamente a ese cuestionamiento: corregir la inclusión de condenados dentro de los beneficios otorgados para avanzar en las conversaciones.
Tensiones institucionales
La decisión ha profundizado un choque entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. Desde Medellín y la Gobernación de Antioquia se ha insistido en que la medida inicial representaba un “golpe a la seguridad” y podría fortalecer a las estructuras criminales.
Además, se anunció la intención de acudir al Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la resolución, incluso tras su modificación parcial.
Contexto del proceso
Los cabecillas involucrados operan principalmente en el Valle de Aburrá y habían sido reconocidos como voceros dentro de una mesa de diálogo que se desarrolla en la cárcel de Itagüí.
Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por la falta de un marco jurídico sólido aprobado por el Congreso, lo que ha generado dudas sobre su legalidad y alcance.
Mientras tanto, la permanencia del beneficio para siete de los implicados mantiene abierto el debate sobre los límites de la negociación con estructuras criminales y el equilibrio entre paz y justicia en la ciudad.
