La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ofrecer disculpas públicas a la familia del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras concluir que declaraciones realizadas por el entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, vulneraron derechos fundamentales.
La decisión fue tomada por la Sala Cuarta de Revisión, luego de estudiar una tutela presentada por María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay.
Según el alto tribunal, Rodríguez divulgó información reservada relacionada con el esquema de seguridad del exsenador y expuso aspectos de su vida familiar que no estaban autorizados para hacerse públicos. Para la Corte, algunas de sus declaraciones podían generar la percepción de que las actuaciones de Uribe Turbay tuvieron alguna incidencia en las circunstancias del atentado que terminó con su vida.
Corte cuestionó declaraciones sobre el esquema de seguridad
El tribunal también encontró que varias afirmaciones sobre el esquema de protección eran inexactas y desconocían la condición de Miguel Uribe Turbay como integrante de la oposición política, así como las dificultades y alertas existentes sobre su seguridad.
La Corte concluyó que estas declaraciones afectaron los derechos a la honra, el buen nombre y la memoria del exsenador.
No obstante, aclaró que Rodríguez no fue considerado responsable de la narrativa relacionada con un supuesto “autoatentado”.
Además, el alto tribunal recordó que los funcionarios públicos deben evitar discursos que estigmaticen o deslegitimen a quienes ejercen oposición política.
UNP deberá ofrecer disculpas públicas
Como parte de las órdenes, la UNP deberá realizar una rueda de prensa de alcance nacional para ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay.
La entidad también tendrá un mes para actualizar sus protocolos sobre el manejo de información reservada relacionada con los esquemas de protección, especialmente cuando involucre la vida privada y familiar de las personas protegidas.
Asimismo, deberá responder de fondo la solicitud de rectificación presentada por María Claudia Tarazona.
Finalmente, la Corte exhortó a la UNP, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría a crear un mecanismo de seguimiento para las medidas de protección de integrantes de la oposición que se encuentren en situaciones de alto riesgo.
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