La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró. La exfuncionaria es investigada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos están relacionados con la implementación del sistema tecnológico de validación de ingreso a los estadios de fútbol, exigido por el Decreto 1622 de 2022 para verificar antecedentes de aficionados y restringir el acceso a personas sancionadas.
Principales irregularidades detectadas
Contratación directa sin licitación: El Ministerio del Deporte suscribió un convenio interadministrativo por más de $4.950 millones con la entidad Aldesarrollo, omitiendo el principio de pluralidad de oferentes.
Direccionamiento de subcontrato: Según el material probatorio, las condiciones del acuerdo habrían direccionado la subcontratación de una persona particular con quien se habría pactado previamente la ejecución del proyecto.
Falta de estudios previos: La investigación evidenció fallas en la etapa precontractual, como la ausencia de estudios de mercado y la falta de criterios claros para fijar el valor y los costos del contrato.
Omisión de advertencias jurídicas: Urrutia Ocoró firmó el convenio el 30 de diciembre de 2022, a pesar de las alertas sobre posibles ilegalidades emitidas por los equipos técnico y jurídico de la entidad.
Falsedad en documentos públicos: Se habrían registrado hechos falsos en el acto administrativo de justificación y en los estudios previos del proceso contractual.
El caso pasa ahora a la etapa de juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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La Fiscalía acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en un contrato superior a 4.950 millones de pesos para implementar un sistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol. La acusación incluye los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2026
