El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá amparó el derecho de petición del senador Alejandro Ocampo y le ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad privada presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, entregar información detallada sobre la administración y destinación de las donaciones recibidas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Aunque la organización ya había presentado un balance público, la decisión judicial determinó que el carácter privado de la fundación no la exime del escrutinio público.
Esto se debe a que el Gobierno Nacional articuló oficialmente la campaña de recaudo (Colombia, un solo corazón) a través de sus canales institucionales.
Lo que debe responder la Fundación Colombia Luz y Sonrisas
El fallo judicial establece que la entidad no está obligada a revelar la identidad de donantes que sean personas naturales ni a crear documentos inexistentes. Sin embargo, en un plazo obligatorio, deberá responder sobre los siguientes puntos clave:
Aportes de contratistas: Informar si recibió recursos por parte de contratistas del Estado.
Proyectos en Cali: Explicar la destinación de los fondos asignados para la reconstrucción de escuelas y centros de salud en la capital del Valle.
Mecanismos de control: Detallar los sistemas de verificación para asegurar que el dinero llegue a su destino.
Donaciones en especie: Presentar el inventario de bienes recibidos y reportar eventuales pérdidas, deterioros o devoluciones.
Información de beneficiarios: Entregar datos consolidados y anonimizados sobre las personas atendidas.
Los números del informe de gestión
Según la documentación aportada por la propia fundación durante el proceso judicial, la entidad recibió, administró y canalizó $54.589 millones de pesos para atender la emergencia.
De ese total, cerca de $12 millones se destinaron a gastos administrativos, mientras que el 81 % de los recursos provinieron de un aporte realizado por el Grupo Gilinski.
En el reporte entregado al juzgado, la organización destacó la distribución de 5.652,2 toneladas de ayuda en especie y la atención a más de 48.000 personas en 80 municipios afectados por el sismo.
Destinación de los fondos para vivienda
Sobre el destino del capital aportado por el Grupo Gilinski, Ana Lucía Pineda aclaró previamente que la junta directiva reservó ese dinero de forma estratégica para la fase de reconstrucción de viviendas.
Para la ejecución de estos proyectos, la fundación estableció alianzas con tres firmas constructoras.
La asignación de las soluciones habitacionales se realiza en coordinación con las alcaldías locales a través del Registro Único de Damnificados, priorizando a familias que perdieron su hogar y cuentan con predios ubicados fuera de zonas de riesgo.
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