El deterioro del orden público en el norte, nordeste y oriente de Antioquia ha alcanzado niveles críticos, amenazando directamente a la infraestructura energética y al transporte masivo de la región.
En un informe enviado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) al Congreso de la República, revelado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la entidad denunció severas extorsiones e intimidaciones perpetradas por el Frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo.
Las denuncias incluyen exigencias económicas de hasta $5.000 millones de cuota inicial y pagos mensuales de $500 millones a cambio de permitir el funcionamiento de proyectos estratégicos.
Además de Hidroituango, el documento advierte sobre intimidaciones dirigidas hacia la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín, principal medio de transporte del Valle de Aburrá.
Ataques a Hidroituango y la infraestructura energética
El análisis entregado por EPM detalla ataques directos contra las operaciones del país:
Atentados violentos: Instalación de explosivos en accesos a Hidroituango que causaron la muerte de un sargento del Ejército, así como atentados contra tres torres de transmisión eléctrica en Medellín y Bello.
Uso de tecnología: Denuncias sobre el sobrevuelo no autorizado de drones sobre la central hidroeléctrica.
Minería ilegal: Excavaciones y desvíos de cauces que amenazan los proyectos hidroeléctricos Porce II y Porce III.
Extorsión en servicios básicos: Saboteo al suministro de agua en el sector de Granizal, donde grupos al margen de la ley revenden el líquido a la población.
Ante la gravedad del riesgo, EPM debió restringir el acceso de sus cuadrillas a más de 17 veredas en el municipio de Briceño.
Las autoridades indicaron que la interlocución frente a estas amenazas se ha coordinado de manera urgente con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.
Exigencia de acciones al Gobierno Nacional
El senador antioqueño Simón Molina calificó el accionar criminal como una «declaración de guerra contra Antioquia y el Estado», señalando que mientras se pretendían avanzar diálogos de paz, las estructuras ilegales consolidaron su control territorial e intimidaron a los trabajadores del sector energético.
El congresista hizo un llamado vehemente al Gobierno Nacional para desplegar la fuerza pública, desmantelar las estructuras del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, y garantizar la protección integral de las obras e infraestructura estratégica de la nación.
Aquí la carta de EPM:
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