La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes relacionados con personas implicadas en las irregularidades del contrato entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, proyecto que buscaba llevar internet a escuelas rurales del país.
Los bienes, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos comerciales y activos societarios ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
Estos pertenecerían a Emilio José Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares.
Según la investigación, las propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal y de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso contractual.
Además, por decisiones de responsabilidad fiscal de la Contraloría, también fue afectado un inmueble de la exministra TIC, Karen Abudinen.
La Fiscalía señaló que las medidas, de carácter jurídico, buscan proteger y recuperar los recursos públicos del proyecto que pretendía instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos, al evidenciarse la mezcla de dineros lícitos e ilícitos y el uso de las sociedades contratistas para cometer las irregularidades.
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La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho dominio sobre 23 bienes, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato entre MinTIC y la Unión Temporal 'Centros Poblados' para llevar internet a…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 22, 2025
