La Fiscalía General de la Nación fijó para el 27 de febrero y el 11 de marzo las audiencias de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por tráfico de influencias, y contra Juliana Guerrero, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en hechos relacionados con presuntas irregularidades en la Fundación Universitaria San José.
En el caso de Roa, el ente investigador busca establecer si habría usado su cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la compra de un apartamento en Bogotá, negocio cerrado en diciembre de 2022, meses antes de asumir la presidencia de Ecopetrol.
La Fiscalía investiga una posible retribución a Juan Guillermo Mancera, quien posteriormente obtuvo contratos en la petrolera, tras haber facilitado la adquisición del inmueble.
Para la Fiscalía, la secuencia de hechos evidenciaría un supuesto intercambio de favores privados con decisiones públicas. El nexo se habría reactivado en marzo de 2024, cuando una empresa vinculada al petrolero Serafino Iacono, propietario original del inmueble, recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9.
La defensa de Roa aseguró que aún no ha sido notificada formalmente y reiteró que la presunción de inocencia se mantiene. Además, señaló que su cliente no está obligado a renunciar al cargo.
En paralelo, la Fiscalía adelanta otra investigación contra Roa por presunta violación de topes de campaña, relacionada con su rol como gerente de la campaña del Pacto Histórico, aunque aún no hay fecha de imputación.
En cuanto a Juliana Guerrero, la Fiscalía indaga la obtención irregular de los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable, utilizados para acreditar experiencia como viceministra de Juventudes.
Según la investigación, Guerrero no habría asistido a clases ni presentado las pruebas Saber Pro, requisito legal para graduarse.
Además, se detectó que los pagos por matrícula y derechos de grado se realizaron después de que los títulos ya habían sido expedidos.
Ante estos hechos, la Fundación Universitaria San José informó que realizó una auditoría interna y entregó sus resultados preliminares a la Fiscalía, tras detectar y denunciar las anomalías.
En noviembre de 2025, la institución retiró oficialmente los títulos otorgados a Guerrero, en medio del proceso judicial que ahora avanza.
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