Durante la ceremonia de escalafonamiento de oficiales navales de la Armada Nacional en Cartagena, el presidente Gustavo Petro realizó un anuncio que generó sorpresa y confusión en la opinión pública.
En medio de su discurso, el mandatario afirmó que una acción de tutela reciente obligaría al Congreso a repetir la votación sobre la convocatoria de una consulta popular, tema clave en su agenda política.
«Debo informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular», declaró el jefe de Estado, señalando que, según la decisión judicial, «hubo fraude en el Senado», lo que llevaría a repetir la votación en las próximas 48 horas.
.#ATENCIÓN
Un juez en un fallo en derecho reconoció la vulneración del debido proceso en la Consulta Popular y ORDENA REPETIR LA VOTACIÓN.
Se garantiza así los ppios democráticos y el respeto al constituyente primario#ConsultaPopular se defiende— Adriana María Mejía Aguado (@ammejiaaguado) June 7, 2025
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Sin embargo, los detalles del fallo no coinciden con la interpretación del presidente.
La decisión judicial fue proferida por la Juez Sexta Civil del Circuito de Bogotá, Hilda María Saffon Botero, y no ordena repetir la votación ni declara que hubo fraude.
En realidad, el fallo ordena al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver en un plazo máximo de 48 horas un recurso de apelación presentado por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, sobre el procedimiento seguido en la sesión del 14 de mayo.
La tutela fue interpuesta por Nixon Torres Cárcamo, Jorge Antonio Villadiego y Máximo Noriega, en representación de los senadores María José Pizarro y Fabián Díaz.
No obstante, la propia senadora Pizarro manifestó ante el despacho judicial que no autorizó esa representación y que tiene plena capacidad para defender sus derechos directamente.
Además, aclaró que su recurso no cuestiona el resultado de la votación sino el cierre anticipado del registro para votar.
El fallo judicial establece tres puntos clave:
1. Declara improcedente el amparo solicitado por los ciudadanos mencionados.
2. Ampara el derecho al debido proceso de la senadora Pizarro y ordena resolver su apelación formalmente.
3. Niega la solicitud de ordenar al Congreso la reglamentación de la Ley Quinta de 1992.
El contexto de esta controversia remite a la votación del Senado del pasado 14 de mayo, en la que se rechazó la convocatoria de una consulta popular por 49 votos en contra y 47 a favor.
Desde entonces, el Gobierno ha sostenido que existieron irregularidades, especialmente por el escaso tiempo que se mantuvo abierto el registro de votación —apenas dos minutos y medio, según alegan—, lo que consideran una violación al procedimiento legislativo.





