Una nueva tormenta política sacude al país tras revelarse presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales por parte de la Fundación Universitaria San José, institución que habría entregado diplomas sin el cumplimiento de requisitos legales a varias personas cercanas al Gobierno.
El caso más sonado involucra a Juliana Guerrero, designada como Viceministra de las Juventudes y señalada de haber recibido el título de contadora pública sin haber presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio para todos los estudiantes de educación superior en Colombia.
El hecho desató la polémica nacional y llevó a que Francisco Pareja González, representante legal de la universidad, denunciara penalmente al exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por los presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso.
Según Pareja, Gutiérrez y su equipo de trabajo fueron despedidos tras descubrirse el presunto esquema fraudulento.
Una práctica sistemática
Las acusaciones, sin embargo, no se limitarían al caso de Guerrero. Exfuncionarios de la Fundación Universitaria San José aseguraron a Caracol Radio que existía una práctica extendida para otorgar títulos profesionales a estudiantes que habían culminado materias, sin que hubieran presentado el Saber Pro.
El compromiso era que lo harían posteriormente, pero no existía ningún mecanismo de verificación.
“Era bastante frecuente que esto pasara: se entregaban diplomas bajo la promesa de que después presentarían las pruebas, aunque en realidad no había control de ese cumplimiento. El caso de Juliana Guerrero no es aislado”, aseguró un extrabajador.
El caso de Laura Julieth Martínez
El escándalo también salpica a Laura Julieth Martínez Morales, influenciadora cercana al Gobierno y contratada en 2024 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con documentos revisados por Caracol Radio, Martínez afirmó en julio de 2024 que era bachiller, pero días después presentó un título de Ingeniería Industrial expedido por la misma Fundación Universitaria San José.
Con dicho diploma firmó un contrato por 12 meses y $101 mil millones, equivalente a ingresos mensuales de $8,45 millones.
Las fechas de su proceso llaman la atención: el diploma fue expedido el 5 de julio de 2024, mientras que el registro de las pruebas Saber Pro muestra que las presentó el 7 de julio, es decir, después de haberse graduado.
Expertos legales han señalado que esta situación sería abiertamente ilegal, pues el examen es requisito previo para la expedición de cualquier título profesional.
Posibles pagos irregulares
El mismo extrabajador afirmó que dentro de la universidad se rumoraba sobre pagos cercanos a 20 millones de pesos para acceder a estos títulos. No obstante, hasta ahora dichas acusaciones no han sido confirmadas por la justicia.
Llamado a investigación
Ante la magnitud del escándalo, diversos sectores políticos y académicos han solicitado al Ministerio de Educación Nacional que inicie una investigación exhaustiva sobre la Fundación Universitaria San José.
El objetivo es determinar la legalidad de los títulos expedidos y establecer posibles responsabilidades penales y administrativas.
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