Con las acciones buenas, regulares y malas del actual Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, se ha visto cómo los llamados medios convencionales o tradicionales hurgan las decisiones, gastos y detalles de la vida privada de la familia y del gabinete presidencial, lo cual es un deber del periodismo, cosa que no hicieron con tanto juicio en administraciones pasadas.
Sin embargo, una cosa es denunciar y develar irregularidades, revelar hechos bochornosos o de corrupción; pero otra muy diferente es diseñar un guion para emitir una sarta de mentiras, tergiversar los hechos o simplemente opinar sin argumentos para posicionar noticias falaces [o fake news, que llaman ahora] como verdades y seguirle la guerra mediática a los partidos de oposición que anhelan retornar al poder en la Casa de Nariño.
Despotricar, levantar falsos testimonios, inventar datos, ocultar la corrupción de la oposición, atacar con noticias a medias al Gobierno actual, censurar y vetar las voces oficiales son las conductas de los “periodistas de turno”; así mismo, desafiar y encarar con argumentos falaces a los voceros del Pacto Histórico y esconder y minimizar los logros de la actual administración nacional se han convertido en el pan de cada día de los medios y periodistas serviles al estamento de derecha que estigmatizan al primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país.
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De esa campaña de desacreditación orquestada los interrogantes que surgen desde la profesión ‒no oficio‒ del periodismo son: ¿Están preparadas profesionalmente esas personas detrás de los micrófonos, los teclados y las salas de edición para informar verazmente a la comunidad? ¿Tienen la capacidad de pensar y analizar que, día a día, diezman su propia reputación? ¿Conocen los principios básicos del periodismo: reportería, verificación de datos, información veraz y con ética, contraste de voces y apelar a diferentes fuentes? ¿Tenemos periodistas o mercenarios de la información que se venden al mejor postor? Lo único claro en su labor y en su discurso es desacreditar a Petro y defender y esconder los desaciertos de los politiqueros tradicionales.
Hoy en día leer noticias en cajas de resonancia como El Colombiano, Semana, El Tiempo y El Espectador, entre otros, que presentan contenidos amañados, acomodados y mal intencionados ya no es atractivo. Es tal su debacle que, como ejemplo, a El Colombiano lo sostienen económicamente el Q’hubo y los contratos con la Alcaldía de Medellín; a El Tiempo, los ingresos de las demás empresas del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo; y Semana, que ya casi regala la suscripción, se mantiene vigente gracias a los ingresos del emporio de la familia Gilinski.
Si nos vamos para el dial, principalmente en la frecuencia modulada (FM), en la parte, supuestamente noticiosa, se encuentra uno a Blu Radio (Néstor Morales), La FM de RCN (Juan Lozano y Darcy Queen), y La W Radio (Julito “No me cuelgue); es decir, un montón de camaleones que venden contenidos al mejor postor y que lo que hacen diariamente es editorializar a conveniencia atacando al gobierno del Pacto Histórico y escondiendo las actividades delincuenciales de los partidos politiqueros (cuasimafias) tradicionales: Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, Conservador, entre muchos otros.
En las redes también se encuentra a personajes que ahora quieren posar de influencer replicando el mismo discurso en tono de denuncia y vehemencia contra el presidente y su gabinete, rasgándose las vestiduras y posando de periodistas éticos y responsables socialmente. María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez, María Andrea Nieto, por mencionar algunos, son personas que discriminaban a personajes como Wally Opina o Levy Rincón por emplear canales de YouTube para contrarrestar las campañas de difamación, pero que ahora ellos mismos también tratan de ganar audiencia con sus contenidos viscerales.
Al ver este contexto de desinformación y desprestigio de la profesión del periodismo, de ver cómo los trabajadores de los medios convencionales se han convertido en meretrices de la información que venden sus servicios para divulgar contenidos y cubrir eventos de interés de sus aliados políticos, es cuando urge que se restablezca la tarjeta profesional para periodistas. El periodismo tiene injerencia en los destinos de la nación y, así como en otras profesiones, quien no desempeñe la labor con ética y responsabilidad social ‒es decir, que informe a medias, desinforme o injurie y calumnie a los ciudadanos‒ no tiene las virtudes ni capacidades para ejercer la profesión y, por ende, debe ser sancionado social, jurídica y profesionalmente.
Hace más de dos décadas la Corte Constitucional, amparada en el derecho a la información que protege nuestra Constitución Política, determinó por medio de la sentencia C 087 de 1998, eliminar la Ley 51 de 1975, conocida como el Estatuto del Periodista; eso significa que la Corte derogó la tarjeta profesional, un documento público que hoy en día es necesario poner en vigencia para preservar el buen nombre de la profesión y unas condiciones de desempeño para quienes utilizan los micrófonos, el papel, las redes y todo tipo de medios para transmitir contenidos de interés público.
La libertad de expresión es un derecho de todo ciudadano, pero esto no quiere decir que desde los medios hegemónicos se pueda mentir, inventar datos, desprestigiar ni atentar contra la dignidad de las personas escudados en la constitución. Cabe resaltar que medios alternativos como Vorágine, Casa Macondo, La Oreja Roja, El Armadillo, entre muchos otros, les dan sopa y seco a los medios convencionales, hacen mejor la tarea y están ganando mayor credibilidad y clics a la hora de informar debidamente a la comunidad colombiana.
Considero que el debate de restablecer la tarjeta profesional para comunicadores sociales y periodistas en una discusión que se debe iniciar desde las universidades que ofrecen dicha formación, también desde las agremiaciones y asociaciones de periodistas y, desde luego, en el Congreso de la República.
De ser posible, desde esta humilde columna invito al presidente Gustavo Petro y a las bancadas del Pacto Histórico a que propongan este proyecto que beneficia a los colombianos, por el derecho a una buena información; y es una propuesta que de alguna forma impacta positivamente a quienes tenemos nuestros diplomas de comunicadores sociales y periodistas expertos en manejar éticamente medios y canales de comunicación.
