El exfutbolista Carlos Alberto «El Pibe» Valderrama y su esposa, Elvira Isabel Redondo Guarnizo, quedaron en el centro de una controversia familiar y judicial en Santa Marta, luego de que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo difundiera un video en redes sociales en el que los acusa de presuntas amenazas e intimidaciones relacionadas con un predio ubicado en el barrio Aeromar.
Según el denunciante, los hechos habrían iniciado en abril de 2026, cuando supuestamente un grupo de personas armadas llegó hasta la vivienda de su hija para exigirle abandonar un lote donde asegura haber residido durante 16 años, en cercanías del aeropuerto Simón Bolívar.
En la grabación, Ricaurte Tobías Redondo afirmó que el episodio ocurrió el pasado 14 de abril y señaló que las personas “venían de parte de Valderrama y su mujer”. Además, aseguró que interpuso una denuncia ante las autoridades y que, al regresar posteriormente acompañado por la Policía, encontró la estructura demolida y reportó la desaparición de varias pertenencias.
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El hombre también manifestó públicamente que atraviesa problemas de salud y que decidió hacer visible el caso por temor a posibles afectaciones contra él y su familia.
Defensa rechaza acusaciones
Tras la difusión del video, la firma jurídica Morelli Lawyers Group, representante legal de Valderrama y Elvira Isabel Redondo, emitió un comunicado rechazando de manera categórica los señalamientos.
El documento, firmado por el abogado Cristian Camilo Morelli Espinal, aseguró que las acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio” y negó cualquier vínculo de sus representados con amenazas o actuaciones ilegales para forzar un desalojo.
La defensa también indicó que existen procesos judiciales previos entre las partes y afirmó que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia intrafamiliar, además de otras investigaciones relacionadas con calumnia y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.
Investigación sigue en curso
De acuerdo con el comunicado, el litigio relacionado con el predio es investigado por la Fiscalía 17 Local de Santa Marta.
Los abogados señalaron que entregarán pruebas dentro del proceso y reiteraron que sus representados consideran ser víctimas de afectaciones y señalamientos públicos.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado decisiones de fondo sobre las denuncias ni sobre el conflicto por el terreno mencionado por las partes.
