Por estos días, el presidente Gustavo Petro ha optado por un libreto peligroso: sembrar dudas sobre el sistema electoral colombiano pese a que no existe evidencia seria que respalde sus insinuaciones.
No le bastan las explicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni los conceptos de la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República.
Tampoco le resultan suficientes los informes de la Misión de Observación Electoral ni de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
Prefiere —contra toda evidencia y a cualquier costo— minar la credibilidad institucional para mantener agitadas a sus bases con el fantasma de un fraude que no existe.
Es una estrategia conocida: cuando la realidad no se ajusta al relato, se desacredita a los árbitros. El problema es que en democracia los árbitros son las instituciones, y erosionarlas por conveniencia política termina debilitando el sistema que garantiza las libertades de todos, incluidos quienes hoy gobiernan.
Ojalá la energía que el presidente invierte en perseguir teorías de la conspiración la utilizara en algo más urgente: garantizar que los colombianos puedan votar libremente en las decenas de municipios donde el control territorial de grupos armados ilegales condiciona la participación política. Esa sí es una amenaza real para nuestra democracia. No las hipótesis sin pruebas lanzadas desde el poder.
Hace poco leía una reflexión sobre la diferencia entre líder y jefe. El líder escucha, convoca, dialoga, motiva y convence. El jefe ordena, desune, desoye, anula. Al líder se le sigue; al jefe se le obedece. “En el fascismo todos miran al jefe; en la democracia, unos a otros”. La frase retrata con crudeza el momento político que atravesamos.
Al presidente Petro parecen estorbarle el Congreso, las Cortes, la Registraduría y hasta la Constitución cuando no se pliegan a su voluntad.
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A las críticas responde con descalificaciones. A las advertencias, con arrogancia. Lo han cuestionado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Human Rights Watch por el tono y el tratamiento frente a la prensa y las libertades, y la reacción presidencial ha sido más confrontación que reflexión.
Le incomoda la prensa independiente, le molesta la empresa privada, le irrita cualquier voz que ponga en evidencia los errores de su administración. El tono suele ser el mismo: quien discrepa es enemigo, quien cuestiona es sospechoso, quien informa es opositor. Pero frente a criminales, corruptos o dictadores extranjeros, la severidad parece diluirse en explicaciones comprensivas.
Paradójicamente, muchas de las prácticas que durante años denunció hoy hacen parte del engranaje de su propio gobierno. Y cuando las contradicciones saltan a la vista, se recurre a la retórica de la lucha de clases, a la invocación abstracta del “pueblo” como escudo moral y a interminables mensajes en redes sociales que, lejos de aclarar, confunden.
La democracia colombiana no necesita jefes que exijan lealtades ciegas ni relatos de fraude sin pruebas. Necesita líderes capaces de aceptar controles, escuchar críticas y fortalecer —no erosionar— las instituciones. Porque cuando el poder desacredita sin fundamento al sistema electoral, lo que se pone en juego no es una elección: es la confianza misma en la democracia.
