Durante la audiencia de pérdida de investidura celebrada el pasado lunes en el Consejo de Estado, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, negó haber incurrido en tráfico de influencias por el traslado de cabecillas del Valle de Aburrá que participaron en un evento público con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín.
La congresista aseguró que no presionó a funcionarios y que su actuación se limitó a enviar una solicitud escrita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que —según afirmó— tiene plena autonomía para autorizar traslados y designar centros de reclusión.
“Yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie. Hice una solicitud basada en las potestades que me delegó el señor presidente”, sostuvo ante los magistrados, al insistir en que actuó como coordinadora de la mesa de paz urbana y no en su calidad de senadora.
Procuraduría pidió negar la pérdida de investidura
El Ministerio Público, representado por el procurador delegado Carlos José Holguín Molina, solicitó negar la pérdida de investidura al considerar que no se configuraron los elementos del tráfico de influencias. Según su concepto, Zuleta no invocó su investidura para ejercer presión indebida y no se evidenció beneficio económico alguno.
Los demandantes insisten en tráfico de influencias
Los abogados William Francisco Quintero Villarreal y Jhon Ernesto Pérez Becerra sostienen que la senadora sí utilizó su poder político para gestionar ante el Inpec el traslado de internos de alto perfil a un acto público, lo que —afirman— viola el régimen de incompatibilidades de los congresistas.
Para el concejal de Medellín Andrés Tobón, la defensa de Zuleta es “una burla a la justicia”. El cabildante, quien la denunció ante la Corte Suprema de Justicia por presunta usurpación de función pública, aseguró que aunque el proceso de investidura podría no prosperar, la investigación penal sigue en curso.
El polémico “tarimazo” en La Alpujarra
El caso se originó el 21 de junio de 2025, cuando varios jefes criminales fueron trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí para asistir a un acto en la plaza de La Alpujarra, en Medellín, donde compartieron escenario con el presidente Petro.
Entre los asistentes figuraban José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre.
El traslado se concretó mediante la Resolución 0058 del Inpec, tras un oficio enviado por la senadora.
La presencia de los capos generó fuerte rechazo político. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el hecho como una “amenaza directa”, mientras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo tildó de “afrenta” para las víctimas.
Ahora, el Consejo de Estado deberá decidir si las actuaciones de Zuleta constituyeron una indebida injerencia o si, como sostiene su defensa y la Procuraduría, actuó dentro de las facultades delegadas por el Gobierno Nacional.
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