Una carta pública firmada por decenas de mujeres y lideresas sociales encendió nuevamente el debate sobre violencia de género, libertad de expresión y acceso a la justicia en Colombia. El documento respalda a Lina Castillo, quien en 2019 denunció públicamente al hoy gerente de RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso.
La denuncia y sus consecuencias
Según el texto, los hechos se remontan al 28 de enero de 2019, cuando Castillo —militante de Colombia Humana— hizo pública su denuncia por acoso ocurrido mientras realizaba actividades políticas en el Concejo de Bogotá.
La decisión de hablar públicamente se dio luego de que una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por Patricia Casas contra Morris motivara a Castillo a relatar su experiencia en redes sociales y medios de comunicación.
En su testimonio, Castillo describió comportamientos inapropiados y comentarios de connotación sexual por parte del entonces concejal, así como situaciones que, según afirma, la hicieron sentir incómoda y vulnerada.
El “escrache” como derecho
La carta destaca que Castillo ejerció su derecho constitucional a la libertad de expresión al hacer pública su denuncia. Además, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce el “escrache” como una forma legítima de denuncia en casos de violencia de género, al tratarse de asuntos de interés público.
De denunciante a procesada
Sin embargo, tras hacer pública su denuncia, Morris interpuso una acción penal contra Castillo por injuria y calumnia. De acuerdo con el documento, la Fiscalía decidió avanzar en el proceso contra la denunciante, quien actualmente enfrenta un juicio.
Las firmantes cuestionan que, en lugar de investigar a fondo los hechos denunciados, se haya optado por judicializar a quien hizo pública la acusación.
Señalamientos al sistema judicial
El pronunciamiento también critica a la Fiscalía General de la Nación por no aplicar un enfoque de género en la investigación, y menciona que, pese a este reconocimiento, el proceso judicial continúa.
Asimismo, se señala que durante el proceso Castillo habría enfrentado presiones, amenazas y actos de intimidación, presuntamente relacionados con la posición de poder de Morris.
Apoyo político y preocupación por la impunidad
El documento también hace referencia al respaldo público que el presidente Gustavo Petro ha expresado hacia Morris, lo que, según las firmantes, genera preocupación sobre posibles desequilibrios en el proceso.
En ese sentido, advierten sobre un patrón de impunidad frente a las violencias basadas en género y critican que el sistema judicial, en su concepto, no esté garantizando la protección adecuada a las víctimas.
Llamado urgente
Las firmantes hacen un llamado a la fiscal general Luz Adriana Camargo para que garantice un juicio con enfoque de género y respeto por los derechos de Castillo.
Además, instan a que se respete el derecho al “escrache” y a que se investigue a fondo a quienes son señalados como agresores, en lugar de perseguir judicialmente a quienes denuncian.
“El Estado debe prevenir, proteger y garantizar los derechos de las víctimas”, señala la carta, que concluye con un mensaje contundente: “La vergüenza debe cambiar de bando”.
El documento, acompañado por decenas de firmas, circula bajo la etiqueta #NoAlPactoDeSilencio, en medio de un creciente debate nacional sobre justicia, género y poder.
¿Qué es el «escrache»?
El escrache es una forma legítima de denuncia pública y protesta, amparada por la libertad de expresión y la libertad de información, comúnmente utilizada contra presuntos agresores cuando fallan los mecanismos institucionales.
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En este comunicado que firmamos periodistas, escritoras y abogadas, contamos todas las acciones que Holman Morris, director de RTVC ha adelantado sistemáticamente para silenciar a las mujeres que lo denuncian. #NoAlPactoDeSilencio pic.twitter.com/aoBCeWiRXE
— María Jimena Duzán (@MJDuzan) March 22, 2026
